Mientras Cristina Kirchner destina miles de millones de pesos a la construcción de trenes elitistas, el conjunto de la red ferroviaria agoniza y deja a pié o en situación de riesgo a millones de personas de escasos recursos.
Simultáneamente al anuncio de la construcción de otro tren bala que cubrirá el tramo Buenos Aires-Mar del Plata, se produjo la suspensión del Gran Capitán, que efectuaba el servicio de pasajeros entre Buenos Aires y Posadas a un costo accesible. La medida fue tomada luego de varios incidentes y demoras producidos en la última semana, llegando al extremo de que en su último viaje tardó 48 horas en llegar desde Posadas a la Capital Federal, dejando varados varias veces por 39 horas a sus 700 pasajeros por sucesivos desperfectos técnicos.
Mientras esto sucedía, Cristina se atajaba ante las lógicas críticas por estar invirtiendo millonadas en sus nuevos proyectos en lugar de atender las necesidades de transporte de todos los habitantes de nuestro país, con el absurdo argumento de que “si solamente miramos las cosas que nos faltan, finalmente nunca terminaremos haciendo nada” (Página 12, 9/02). No es necesario ser experto para darse cuenta de cuánto podría mejorarse todo la red, por ejemplo, sólo con los 1.100 millones de dólares que costará el Tren Bala Buenos Aires-Mar del Plata. Ni hablar si se invirtiera toda la plata de los subsidios que van a los bolsillos de las concesionadas.
Pero la lógica kirchnerista es otra. La presidenta está para otra cosa: para hacer lo que le conviene a los grandes empresarios y multinacionales. Y en este caso, para garantizarles una cantidad de negociados y dividendos derivados de los nuevos “súper trenes”. Los trabajadores obligados a padecer a diario innumerables vicisitudes y riesgos por movilizarse en tren, para el kirchnerismo quedan relegados a último lugar en su esquema de prioridades.
Basta de trenes para ricos y trenes para pobres
Volviendo a “la cara pobre” de las noticias, la suspensión del Gran Capitán perjudica sobremanera a una gran cantidad de usuarios (la mayoría de condición humilde) que deberán - si pueden-, cambiar el recorrido que les costaba 39 pesos (categoría turista), por otro que les costará 136 pesos si viajan en micro, o 630 en avión.
El Gran Capitán era una línea que le fue concesionada al Grupo Pescarmona, y éste se la vendió a la brasileña ALL, dejando pendiente una deuda al Estado de 250 millones de dólares que nunca fue pagada. ALL tiene la concesión de la explotación de las vías y el mantenimiento de las locomotoras, mientras el servicio turístico está cubierto por TEA. Ambas empresas se responsabilizaron mutuamente por los desperfectos y demoras del servicio.
Pero las causas de estas demoras no sólo fueron el deplorable estado de las vías y los vagones. Lo que no se dice es que muchas de estas demoras se produjeron por la necesidad de la empresa de darle prioridad de paso a las formaciones que transportan cargas, en perjuicio de los pasajeros de otras formaciones. La Cámara de Comercio Exterior de Misiones denunció que ALL “está causando una caída de la competitividad de productos de esta Región Nordeste a causa del deficiente servicio que brinda”, y a que “prioriza el transporte de granos del Paraguay a Bolivia utilizando vías que corren por territorio argentino al igual que vagones y locomotoras para atender un convenio millonario con la acopiadora brasileña Agrienco, en detrimento de la producción nacional”.
Cuando el próximo 1º de marzo se cumpla un nuevo aniversario de la primera nacionalización de nuestros ferrocarriles, lo celebraremos renovando nuestro compromiso de luchar fervientemente por la segunda, esta vez reestatizando todo el sistema ferroviario (Ver recuadro). Pues esa es, sin duda, la única solución contra estos absurdos.
Cristina elogió a obras de Menem y la dictadura
En un acto en la Rosada por la construcción del Tren Bala Buenos Aires-Mar del Plata, la presidenta, refiriéndose a las críticas que está recibiendo por estos costosísimos proyectos, dijo que “muchos de los que inicialmente criticaron el proyecto de Puerto Madero -hecho en la época menemista- después terminaron reconociendo que es un orgullo para Buenos Aires”. Y continuó: “Puerto Madero es hoy una obra maravillosa que ha posicionado a Buenos Aires en el Siglo XXI” (Clarín, 09/02).
También cuestionó a quienes “criticaron la construcción de las autopistas de Cacciatore (intendente de la dictadura) pero no las desapariciones de miles de ciudadanos”. El pez por la boca muere. Apelar a fastuosas obras de Menem y dictadores para justificar los trenes bala, indica que las embestidas oficiales contra los 90 y los derechos humanos, es pura cosmética.
"Alstom" corrupta
La empresa que ganó la licitación para construir el Tren Bala Bs. As.-Rosario-Córdoba es una multinacional que se encuentra en 70 países, factura más de 20.000 millones de dólares anuales y controla el 18% del mercado ferroviario mundial. Alstom acumuló en sus 86 años de historia innumerables denuncias por actos de corrupción en varios países. Incluso muchos de ellos no tuvo más remedio que reconocerlos a pesar de su gravedad. El más resonante fue en Francia en 1994, cuando su director aceptó que había puesto 5.200.000 francos (1 millón de dólares) para financiar la acción política del entonces ministro del Interior de derecha Charles Pasqua, recibiendo a cambio una autorización del gobierno para trasladar su división Transportes. Así son los empresarios favoritos de nuestra presidenta.
No a la nueva ley ferroviaria
¡Reestatización Ya!
El gobierno intenta que la Cámara de Diputados apruebe la próxima semana la nueva Ley Ferroviaria, que dispone la creación de dos empresas estatales dependientes del ministerio de Planificación: una se ocuparía de la operación de los trenes y otra de la ejecución de las obras.
El argumento kirchnerista, en boca del presidente de su bancada, Agustín Rossi, es que “este es un nuevo sistema de concesiones, distinto al que reinaba en los 90 cuando la misma empresa operaba un servicio y debía hacer las obras que, finalmente, nunca hacía y nadie controlaba” (Página 12, 11/02). Ahora las obras serán una obligación del Estado, aseguró.
Con esta ley pretenden legitimar un sistema en el cual se obliga al Estado a hacerse cargo de las obras, dejando para los empresarios del sector sólo el cobro de las cuantiosas ganancias. Hagamos un poco de historia: desde 1995, cuando la red fue privatizada por Menem, las concesionarias no hicieron ninguna de las obras a las que se habían comprometido. Incluso en 2001 algunas de ellas, entre las que se encontraban TBA y Metropolitano, entraron en convocatoria. Esto era suficiente razón para que perdieran la concesión. En cambio, el gobierno de Duhalde las salvó promulgando un “Decreto de Emergencia Ferroviaria”, que obligó al Estado a hacerse cargo de los costos operativos, permitiendo que las concesionarias sólo se limitaran a hacerlas funcionar y a recaudar. La nueva ley oficializa esta situación, blanqueando estas irregularidades e incumplimientos de las concesionarias.
Nos oponemos rotundamente a esta estafa, y reclamamos la reestatización inmediata de todos el sistema ferroviario para ponerlo a funcionar en beneficio de las amplias mayorías que lo necesitan y las economías regionales, bajo control de sus trabajadores y usuarios.
FUENTE: www.izquierdasocialista.org.ar
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