Si bien el mismo presidente de la República, Alvaro Uribe, ha reafirmado su compromiso por defender la libertad de prensa en Colombia, y su decisión de no censurar, ni coartar la libertad de expresión de ningún periodista, ni de ningún colombiano, como parte de su política de gobierno, la realidad es otra. Su mismo Vicepresidente, Francisco Santos, el 23 de febrero, durante la instalación del II Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo, dijo que los medios de comunicación “ crearon una caja de resonancia a los hechos terroristas que sin duda fueron más efectivos que la misma utilización de explosivos por parte de estos grupos ilegales”.
1. La ausencia de una política pública de comunicación que reconozca en los sectores sociales populares, étnicos, organizaciones no gubernamentales y demás expresiones de la sociedad civil, sujetos capaces de emitir e intercambiar información, con el derecho a trascender los espacios locales y acceder a la comunicación global de sus intereses y representaciones culturales. Dicha política debe promover estrategias de acceso, posicionamiento y desarrollo de experiencias de comunicación e información desde una perspectiva de discriminación positiva para la reivindicación de lo público (lo de todos), que les permita competir por las preferencias del público en igualdad de condiciones con los grandes medios comerciales y de vocación privada.
2. Las dificultades para acceder a los recursos de la cooperación a nivel gubernamental o de cooperación internacional. De un lado, por las políticas de cooperación del actual gobierno, pero de otro, por las prioridades de la cooperación internacional que dedica escasos recursos al desarrollo del derecho a la comunicación, a la información y la libre expresión. Dichos derechos han sido erróneamente entendidos más ligados al campo de los derechos individuales y no al campo de los derechos colectivos de los pueblos o conglomerados sociales en situación de desventaja en los regímenes democráticos.
3. Espacios restringidos de participación para el intercambio y construcción de redes sociales de información y comunicación.
4. Escasez de investigaciones de impacto y pertinencia de los medios independientes que permitan replicar experiencias.
5. La subvaloración social y el desconocimiento institucional de los medios independientes, pequeños, locales o comunitarios, y su aporte a la construcción de la democracia.
6. La discriminacion salarial de los comunicadores con respecto de otras profesiones, y mas aun de los comunicadores comunitarios, asi como las dificultades para acceder a la proteccion y seguridad social del Estado.
7. Existe una tendencia deliberada y evidente en la legislación colombiana de medios para favorecer los intereses económicos de los grandes monopolios de la información y el entretenimiento, y mantener a los medios comunitarios o independientes en una situación de subdesarrollo con respecto de sus posibilidades de acceso al espacio electromagnético, a áreas de cobertura de sus medios y posibilidades de auto sostenimiento.
8. Los grupos paramilitares vienen dándole singular importancia a la intimidacion de los medios y periodistas alternativos, pues los medios comerciales son regulados por otras vías, incluida la autocensura. Los medios se abstienen (por directrices de sus directores, propietarios, o de otras fuerzas de poder) de registrar la realidad que viven y sufren las comunidades. Una realidad solo registrada por los medios que transitan por circuitos alternativos, con todos los riesgos y consecuencias que ello significa.
9. Hace poco el diario El Tiempo dio cuenta de la manera como el paramilitarismo, a través de empresas fantasmas y de testaferros, se ha venido haciendo al control de las televisoras locales o por parabólicas, hasta el extremo de trabajar por incidir en la composición de la Comisión Nacional de Televisión.
10. Muchos de los comunicadores alternativos víctimas de la intolerancia ni siquiera alcanzan a ser reseñados por los grandes medios cuando caen en desgracia, debido a que no son reconocidos como tales. Su rol de comunicadores alternativos no se encuentra inscrito en los pomposos manuales de estilo que se ofertan en las librerías, tampoco en el vademécum de los funcionarios del Estado.
11. Caso Inravisión: El derecho consagrado en el artículo. 20 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión, difusión de pensamiento y opinión, de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, teniendo en el Instituo Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, tal vez una sus más importantes expresiones como Estado social de derecho. Sin embargo, el 28 de octubre de 2004 fue clausurado luego de varias décadas de registro histórico y trabajo en bien de la patria mediante un decreto gubernamental bajo argumentos fiscales y presupuestales. Si bien Inravisión no era un medio como tal, contribuyó a generar importantes y significativos espacios de y para la comunidad, incentivando el pensamiento independiente y crítico gracias a la emisión de una docena de programas ya institucionalizados o espacios abiertos a todas las corrientes del pensamiento, tanto en radio como en televisión.
12. En provincias y regiones se cuentan por decenas los espacios de las organizaciones sociales que han sido son cerrados expresamente por separarse de la filosofía de la actual administración, tanto de manera taxativa como velada. Es decir, por asfixia económica, pese a que constitucionalmente todos los medios tienen los mismos derechos de acceder a la pauta publicitaria de las entidades públicas o comerciales del Estado.
Extraido de www.colombia.indymedia.org
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