La medida contra la ciudad texana marca el inicio de acciones legales con las que Washington prometió enfrentar a quienes se opusieran a la construcción de su escudo fronterizo.
Dallas.
Se trata de la primera medida de este tipo que abre la Casa Blanca contra una municipalidad que se opone a la construcción de la cerca fronteriza y marca el inicio de las acciones legales con las que prometió enfrentar a quienes se oponen a su edificación.
La demanda fue interpuesta por el procurador federal para el suroeste de Texas, Johnny Sutton, y busca que un juez ordene a Eagle Pass permitir el paso y uso de terrenos municipales al personal que trabaja en el diseño y la construcción de la cerca fronteriza.
El alcalde de Eagle Pass, Chad Foster, es presidente de la Coalición Fronteriza de Texas, un organismo constituido por alcaldes, jueces y líderes empresariales para defender intereses de comunidades fronterizas de Texas, el cual se ha manifestado contra el muro.
El grupo considera que la estructura será una obra innecesaria y un factor de separación entre las comunidades de los dos países.
En diciembre pasado el secretario de Seguridad Nacional, Michael Cherttof, dio un ultimátum de un mes a los propietarios de terrenos ubicados sobre la frontera para permitir el paso del personal técnico del gobierno federal a sus lotes.
El plazo se venció el pasado siete de enero y entonces autoridades federales alistaron 102 demandas contra los poseedores de terrenos, incluyendo municipalidades, que se oponen al muro en sus propiedades a lo largo de la frontera en Texas, Arizona y California.
El Departamento de Seguridad Nacional está obligado por la ley, conocida como Acta de Valla de Seguridad 2006, a instalar mil 150 kilómetros de muros a lo largo de la frontera con México.
La dependencia fue autorizada a utilizar, muros, sensores, cámaras, satélites y otras tecnologías, además de personal, para impedir la entrada ilegal de personas a territorio estadunidense.
El Congreso aprobó mil 200 millones de dólares para la construcción del muro en el presupuesto del año fiscal 2007 y se prevén otros mil 200 millones de dólares para 2008.
Por su parte, los propietarios de terrenos buscaran hacer valer el respeto a su propiedad garantizada por la misma Constitución estadunidense.
La batalla legal que comenzará en Texas amenaza al menos con retrasar la construcción de las estructuras en esta entidad, que debería iniciar en marzo próximo, de acuerdo con los planes del Departamento de Seguridad Nacional.
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